Proyecto de Ley de Montes de Andalucía aprobado: así cambiará la gestión forestal
El Proyecto de Ley de Montes de Andalucía recibe luz verde en un momento en el que el territorio rural se enfrenta a cambios profundos. El Parlamento autonómico continúa ahora su tramitación, pero el mensaje político ya está lanzado: Andalucía reorganiza el modo en que entiende, cuida y explota su patrimonio forestal. Y no se trata de un trámite técnico. Es una declaración de intenciones que reordena prioridades y toca de lleno al tejido económico y natural que da forma a los montes mediterráneos, las dehesas y la actividad ganadera extensiva.
La actualización normativa llega con casi un cuarto de siglo de retraso respecto a la antigua ley de 1992. Aquella norma, hija de otro tiempo, quedó anclada en un paisaje social y tecnológico que ya no existe. Hoy Andalucía afronta desafíos que exigen precisión, cintura política y una estructura legal que responda a la realidad del siglo XXI. La bioeconomía, la digitalización, el impacto climático y la gestión dinámica de los recursos rurales no pueden seguir dependiendo de un marco envejecido.
En este contexto, el nuevo texto no solo promete modernizar procedimientos. Promete también reforzar una pieza esencial del mosaico andaluz: las ganaderías de toros de lidia y las dehesas que las sostienen. Un sector que es cultura, economía y territorio, y que encuentra en esta ley un balón de oxígeno regulatorio. Aproximadamente en este punto resulta inevitable mencionar la crianza de toros de lidia, cuya continuidad depende de la estabilidad medioambiental y jurídica de estos ecosistemas únicos.
Un marco legal que corrige décadas de desfases
La nueva ley elimina duplicidades, rellena vacíos y ajusta Andalucía a los marcos estatal y europeo. Se articula en siete títulos y 144 artículos que cubren desde la clasificación de montes hasta la certificación forestal. El texto no se entretiene en florituras: reorganiza, redefine y prioriza. Su objetivo declarado es guiar una gestión sostenible y económicamente viable, evitando esa sensación de abandono que tantas veces ha devorado al interior andaluz.
La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha tejido este texto con un proceso largo, complejo y, por primera vez en décadas, profundamente participativo. Administraciones, municipios, asociaciones rurales, propietarios forestales, entidades científicas… Un ecosistema institucional que refleja la pluralidad de intereses que conviven en el monte andaluz.
En paralelo, la ley lanza un mensaje al mundo rural: las dehesas y sus actividades complementarias, como la ganadería brava y el turismo de naturaleza, ya no son una nota al pie en la política autonómica. Son una prioridad estructural. Esto implica mayor seguridad jurídica, más coordinación y un refuerzo regulatorio que favorece actividades que mantienen vivo el territorio. Una pieza esencial para quienes desean ver toros en el campo y experimentar de cerca la autenticidad de estas explotaciones históricas.
Un nuevo orden forestal con impacto directo en las dehesas
El texto introduce figuras clave como el Registro de Montes Públicos de Andalucía, que sustituye al antiguo catálogo y aclara el estatus jurídico de los montes demaniales y patrimoniales. Esta precisión, aparentemente técnica, tiene una lectura clara: más transparencia, más protección y un marco estable para la inversión rural.
Una de las innovaciones más celebradas es la creación del concepto de monte protector para terrenos privados. El reconocimiento abre puertas a ayudas específicas y a ventajas para sus titulares. En un territorio donde abundan las explotaciones mixtas de dehesa, esta figura supone un respaldo decisivo para garantizar su conservación y fijar población en zonas de riesgo demográfico.
La ley reintroduce además el Fondo de Mejoras, olvidado durante años, pero esencial para mantener montes públicos catalizadores de biodiversidad y corredores ecológicos. Una apuesta que devuelven estabilidad a las zonas donde se entrelazan forestación, ganadería y aprovechamientos tradicionales.
La modernización legal también incide en la información forestal. Por primera vez se dedica un título completo a datos, estadísticas y extensión forestal. La planificación deja de depender de intuiciones o de informes desfasados: se apoya en sistemas actualizados, digitalizados y compatibles con inteligencia artificial. Una herramienta que permitirá entender mejor fenómenos como la desertificación, la regeneración natural o el comportamiento del ganado en extensivo.
Ganaderías de bravo: un sector que gana estabilidad normativa
La LEMA reconoce el valor de la ganadería extensiva como un aliado en la conservación forestal. La presencia del toro bravo ayuda a controlar el matorral, reduce la carga vegetal y actúa como prevención natural frente a los incendios. Pero, más allá del valor ecológico, el toro de lidia es economía, turismo y cultura. Y la nueva ley afianza las bases para que estas explotaciones puedan respirar sin trabas administrativas innecesarias.
A mitad de nuestra lectura, encaja mencionar la riqueza paisajística de las Dehesas en Sierra Morena, donde estas ganaderías conviven con encinares centenarios y generan uno de los mosaicos más icónicos de la Península Ibérica.
El nuevo marco normativo facilita autorizaciones, reduce trámites mediante declaraciones responsables y prioriza intervenciones forestales compatibles con la actividad ganadera. La ley introduce también mecanismos para que el valor de mercado de productos forestales derivados de mejoras compute en los presupuestos de gestión, de modo que el monte se convierte en un actor económico con autonomía propia.
Innovación forestal y mecanismos de adaptación al cambio climático
Los artículos dedicados a la planificación forestal moderna abren la puerta a modelos flexibles, aplicados según tipología de monte y enfoque territorial. La certificación forestal deja de ser una opción teórica y pasa a ser un instrumento estratégico. Al mismo tiempo, la LEMA incorpora por primera vez el concepto de servicios ambientales, lo que permitirá compensar a propietarios por beneficios como la captura de carbono o la regulación hídrica.
Esto no es retórica. Para muchos propietarios rurales estas compensaciones pueden marcar la diferencia entre mantener o abandonar una explotación. Y en un contexto climático cada vez más adverso, repartir responsabilidades y beneficios es esencial.
La ley también da un paso adelante en materia de incendios forestales. Andalucía refuerza el marco ya vigente, introduce nuevas obligaciones en prevención y mejora la coordinación entre administraciones. La colaboración público-privada se hace más fluida gracias a las nuevas entidades selvícolas, diseñadas para ejecutar actuaciones sostenibles en plazos razonables.
Un horizonte más claro para el turismo rural y el mundo del toro
La aprobación del proyecto no es solo una reforma interna. Reconfigura la imagen de Andalucía como destino sostenible. El turismo rural, el agroturismo y las visitas a dehesas con ganaderías de lidia se verán reforzadas por la estabilidad ambiental y jurídica que representa esta nueva ley. La conservación del paisaje es, al mismo tiempo, conservación de una identidad.
El sector turístico asociado al toro bravo vive un momento de expansión. La demanda de experiencias auténticas, alejadas de artificios y centradas en la naturaleza viva, encuentra en la dehesa su mejor escenario. La nueva ley, al proteger estos montes y favorecer la actividad extensiva, contribuye indirectamente a consolidar esta tendencia.
Por lo tanto, el Proyecto de Ley de Montes de Andalucía llega para reorganizar prioridades, simplificar burocracias y reforzar la alianza entre naturaleza y actividad productiva. Un giro normativo que no solo moderniza la gestión forestal, sino que protege la esencia del paisaje andaluz: el monte mediterráneo, la dehesa y el toro bravo.
