Palma blinda el alquiler turístico tras destapar una elevada ilegalidad en la oferta. Una decisión urbanística que redefine el modelo turístico y residencial de la ciudad.
La Gerencia de Urbanismo de Palma ha aprobado una de las medidas más contundentes de los últimos años en materia de vivienda turística. Según el informe técnico presentado, un tercio de la oferta actual de viviendas turísticas en el municipio opera de forma ilegal, y únicamente 14 inmuebles cuentan con licencia temporal renovable. Esta realidad ha llevado al consistorio a declarar a Palma como zona no apta para la creación de nuevas plazas de alquiler turístico, marcando un punto de inflexión en la política urbana local. La decisión fue respaldada por PP, PSOE y Més, con la abstención de Vox, y se enmarca dentro de una hoja de ruta clara para frenar el crecimiento descontrolado de este tipo de alojamientos.
La medida se apoya en datos oficiales: mientras el Instituto Nacional de Estadística contabilizaba 954 viviendas turísticas en Palma en 2025, solo 632 disponían de licencia vigente según los registros del Consell de Mallorca y el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics. La diferencia evidencia una bolsa significativa de inmuebles fuera de la legalidad, con el consiguiente impacto en la convivencia vecinal, la presión sobre el mercado residencial y la seguridad de los usuarios.
Seguridad y equipamiento mínimo en las viviendas turísticas
En el análisis del modelo de alojamiento turístico, no solo entra en juego la legalidad urbanística, sino también la seguridad de quienes ocupan estos inmuebles. Las exigencias normativas actuales obligan a que cualquier vivienda destinada al alquiler vacacional cumpla con unos estándares mínimos de protección. Entre ellos, la presencia de extintor y botiquin correctamente homologados y accesibles. Este equipamiento no es un mero trámite administrativo: representa una garantía básica ante emergencias domésticas, incendios o accidentes que pueden producirse durante una estancia corta.
La carencia de estos elementos en viviendas ilegales supone un riesgo directo para turistas y propietarios, además de una infracción sancionable. En un escenario donde Palma intensifica la inspección y el control, el cumplimiento de estas obligaciones se convierte en un factor clave para diferenciar la oferta responsable de aquella que opera al margen de la normativa.
El papel del extintor en un piso turístico autorizado
Otro aspecto crítico dentro de la regulación es la correcta dotación contra incendios. Todo extintor piso turistico debe cumplir con características técnicas específicas, estar revisado periódicamente y ubicarse en un lugar visible. En un entorno urbano denso como Palma, donde muchos inmuebles turísticos se encuentran en edificios plurifamiliares, la prevención adquiere una dimensión colectiva.
La administración municipal ha subrayado que la seguridad no es negociable, y que la falta de estos sistemas puede derivar en la retirada de licencias o en la imposibilidad de renovarlas. Esta exigencia refuerza la idea de que el alquiler turístico no puede entenderse como una actividad improvisada, sino como un uso regulado que conlleva responsabilidades claras.
Control administrativo y repercusión mediática de los sucesos
La proliferación de viviendas ilegales no solo tiene efectos urbanísticos y económicos, sino que también alimenta los sucesos relacionados con desalojos, sanciones y conflictos vecinales. Cada actuación inspectora que destapa irregularidades genera repercusión pública y presión social para endurecer las medidas. Palma, consciente de esta realidad, ha reforzado los mecanismos de control mediante la coordinación entre el Ajuntament y el Consell, asignando inspectores específicos para detectar y sancionar la oferta no autorizada.
Este enfoque busca reducir progresivamente el volumen de viviendas turísticas ilegales, al tiempo que se protege el derecho a la vivienda de los residentes y se preserva el equilibrio de los barrios.
Prohibición total de nuevas plazas turísticas en Palma
El concejal de Urbanismo, Óscar Fidalgo, fue claro al presentar la modificación del Plan General: no se permitirán nuevas plazas de alquiler turístico sin excepciones ni zonas grises. Palma queda definida como una única área no apta para la comercialización de nuevas viviendas turísticas. Además, se elimina la previsión de crecimiento que contemplaba el planeamiento anterior, que permitía hasta 231 nuevas viviendas en suelo urbano y 143 en suelo rústico.
Esta decisión supone un cambio estructural en el modelo turístico de la ciudad, orientado al decrecimiento progresivo de plazas a medida que se produzcan bajas definitivas de licencias existentes.
Limitación y desaparición de las licencias temporales
Otro punto clave de la reforma es la imposibilidad de renovar las licencias de viviendas turísticas no permanentes. Aunque actualmente representan menos del 2 % del total de plazas autorizadas, su eliminación tiene un fuerte valor simbólico y estratégico. Según el informe técnico, 24 % de las plazas legales actuales se sitúan en ámbitos que hoy estarían excluidos de comercialización, lo que evidencia una desconexión entre la normativa pasada y los criterios actuales de sostenibilidad urbana.
Impacto en la convivencia vecinal y el mercado de la vivienda
El debate sobre el alquiler turístico en Palma va más allá de las cifras. El propio consistorio reconoce que esta actividad afecta a la convivencia en comunidades de vecinos, generando rotación constante de ocupantes, ruidos y pérdida de identidad barrial. Aunque se evita vincular directamente la medida con la subida de precios de la vivienda, la restricción de la oferta turística busca aliviar la presión residencial y priorizar el uso habitacional permanente.
Proceso de aprobación y participación ciudadana
La modificación del Plan General aún debe superar varias fases: aprobación en junta de gobierno, debate en el pleno municipal y un periodo de 30 días para la presentación de alegaciones. Tras este trámite, el texto definitivo regresará al pleno para su aprobación final. Este proceso garantiza un margen de participación, aunque la línea política marcada apunta a una aplicación firme y sostenida en el tiempo.
Una estrategia a largo plazo contra la oferta ilegal
Actualmente, Palma cuenta con 4.473 plazas turísticas legales repartidas en 632 inmuebles. La creación de la Oficina de Antiokupación y la asignación de inspectores específicos refuerzan la lucha contra el alquiler ilegal. La experiencia de años anteriores, con un crecimiento del 165 % en licencias turísticas en Baleares entre 2015 y 2023, ha llevado al actual gobierno municipal a optar por una estrategia restrictiva y continuada.
Un nuevo escenario para el alquiler turístico en Palma
La decisión de prohibir nuevas viviendas turísticas y limitar las existentes redefine el futuro urbano de Palma. Legalidad, seguridad y convivencia se consolidan como ejes centrales de un modelo que busca equilibrio entre actividad turística y derecho a la vivienda. La ciudad se encamina hacia un control más estricto, donde solo la oferta plenamente regulada y responsable tendrá cabida.
