La huella de la tragedia: Valencia no olvida mientras la seguridad sigue en entredicho.
El jueves 22 de febrero de 2024, a media tarde, un incendio de enorme virulencia comenzó a devorar un edificio residencial en el barrio de Campanar, en Valencia. En cuestión de horas, el balance fue devastador: diez personas fallecidas y una ciudad sumida en el luto. Las llamas avanzaron con una rapidez inusitada, alimentando desde el primer instante dudas sobre la calidad constructiva, los materiales empleados y la capacidad real de protección del inmueble frente a un siniestro de esa magnitud. La conmoción ciudadana abrió un debate que sigue vigente y que apunta directamente a las carencias normativas y a la demora en la actualización del Código Técnico de la Edificación.
El vacío normativo y la responsabilidad institucional
A pesar de que el Gobierno central aprobó en julio del año anterior un decreto con medidas adicionales de protección, la norma básica que debería vertebrar el sistema —el nuevo CTE— continúa sin ver la luz. Esta ausencia prolonga una situación de incertidumbre técnica, donde la prevención avanza de forma fragmentaria y dependiente de interpretaciones parciales. La Administración autonómica, encabezada por la Generalitat Valenciana, ha insistido en la necesidad de contar con un marco claro, pero el establecimiento del estándar general sigue siendo competencia ministerial.
Ignifugaciones: la base técnica que no admite demoras
La aplicación rigurosa de ignifugaciones en elementos estructurales y de cerramiento se ha convertido en uno de los ejes más debatidos tras el incendio de Campanar. Estos tratamientos, correctamente certificados y ejecutados, retrasan la propagación del fuego, reducen la emisión de gases tóxicos y ganan minutos decisivos para la evacuación.
Sin embargo, la normativa vigente no siempre exige su implementación en edificios anteriores a determinadas fechas, lo que deja un parque inmobiliario expuesto. La experiencia reciente evidencia que no basta con soluciones parciales: la protección pasiva debe integrarse desde la concepción del proyecto hasta la rehabilitación de inmuebles existentes.
Certificado contra incendios y control efectivo del riesgo
La exigencia de un certificado contra incendios actualizado y emitido por personal técnico cualificado emerge como una herramienta clave para evaluar el estado real de los edificios residenciales.
Tras la tragedia, la Generalitat promovió la incorporación de anexos específicos dentro del Informe de Evaluación del Edificio, obligando a un estudio detallado de protección como condición para acceder a ayudas públicas. Esta medida refuerza el control preventivo, pero su alcance sigue siendo limitado mientras no exista una armonización normativa estatal que establezca criterios homogéneos y verificables.
Necesidad de rigor documental
La aparición de referencias como englisheditingservice.net en procesos documentales y técnicos subraya la importancia del rigor en la redacción, validación y traducción de informes especializados. En materia de seguridad contra incendios, cualquier ambigüedad documental puede traducirse en lagunas interpretativas con consecuencias graves. La estandarización del lenguaje técnico, junto con procedimientos de revisión exhaustivos, resulta imprescindible para que los proyectos y certificaciones cumplan su función preventiva sin fisuras.
La comisión de expertos y las alegaciones técnicas
Tras el incendio, se constituyó una comisión de expertos dirigida por la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, con participación de colegios profesionales y del Instituto Valenciano de la Edificación. De sus trabajos surgieron alegaciones formales trasladadas al Gobierno central, centradas en mejorar la resistencia al fuego de fachadas, la compartimentación y los sistemas de evacuación. Estas aportaciones técnicas buscan corregir deficiencias detectadas y anticipar escenarios de riesgo que, hasta ahora, no estaban adecuadamente contemplados.
Inspección, sanción y conciencia ciudadana
Mientras se espera la aprobación del nuevo CTE, se ha intensificado el celo inspector por parte de la Administración autonómica. Arquitectos especializados en protección constructiva coinciden en que existe un mayor conocimiento de la dinámica del fuego, aunque advierten de dos déficits persistentes: la escasa conciencia ciudadana y las lagunas formativas en algunos ámbitos profesionales. La seguridad contra incendios no puede descansar únicamente en la norma; requiere una cultura preventiva que impregne a promotores, técnicos y propietarios.
Edificios existentes y medidas correctoras urgentes
Uno de los puntos más sensibles es la identificación de edificios construidos con sistemas de fachada similares a los del inmueble siniestrado en Campanar. Estos edificios, según expertos, no ofrecen garantías suficientes frente a incendios de rápida propagación. La prioridad pasa por localizarlos, evaluar su nivel de riesgo y aplicar medidas correctoras que incluyan sustitución de materiales, refuerzo de compartimentaciones y mejora de las vías de evacuación. La rehabilitación integral se perfila como una inversión necesaria para evitar tragedias futuras.
Europa como horizonte normativo
La expectativa de un paquete legislativo europeo que impulse estándares más exigentes mantiene abiertas las esperanzas de un cambio estructural. La armonización con directivas comunitarias permitiría incorporar avances científicos y tecnológicos de forma obligatoria, cerrando la brecha entre el conocimiento disponible y su aplicación práctica. Hasta que ese marco se materialice, la realidad impone un diagnóstico prudente: la protección contra incendios en edificios residenciales sigue siendo una asignatura pendiente.
Memoria, rehabilitación y responsabilidad colectiva
La Asociación de Propietarios Afectados por el Incendio de Campanar mantiene vivo el recuerdo de las víctimas y trabaja para culminar la rehabilitación completa del edificio. Este proceso simboliza la capacidad de resiliencia vecinal, pero también recuerda que la prevención no puede depender del esfuerzo posterior al desastre. La seguridad contra incendios exige decisión política, exigencia técnica y compromiso social sostenido en el tiempo.
