El caso Teatre llega al Constitucional: las víctimas reclaman justicia ante la decisión de la Audiencia Provincial.
Las familias de las víctimas del trágico incendio ocurrido el 1 de octubre de 2023 en las discotecas Teatre y Fonda Milagros, situadas en Atalayas (Murcia), han manifestado su profunda indignación y desacuerdo con el Auto 836/2025, dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia. En dicho fallo, la Sala rechazó abrir una pieza separada de investigación que podría haber esclarecido un posible delito de prevaricación administrativa vinculado a la concesión y supervisión de las licencias municipales de ambos locales.
Tras conocerse la resolución, los familiares y colectivos personados anunciaron que presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, apelando a su derecho a la tutela judicial efectiva. A su juicio, esta decisión supone un blindaje injustificado del Ayuntamiento de Murcia, impidiendo que se depuren todas las responsabilidades derivadas de los hechos.
El fallo judicial y la desconexión entre delitos
El auto de la Audiencia Provincial, fechado el 1 de octubre de 2025, desestima el recurso presentado por las familias contra las decisiones del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, que en noviembre de 2023 y marzo de 2024 ya había negado esa línea de investigación. Los magistrados argumentan que no existe “conexidad” entre el delito de homicidio imprudente —que centra la causa principal— y un eventual delito de prevaricación, que correspondería a supuestas irregularidades administrativas cometidas por funcionarios municipales.
Esta interpretación se basa en el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual establece que los delitos deben investigarse por separado, salvo que exista una relación directa entre ellos. Sin embargo, las familias sostienen que no puede separarse la responsabilidad administrativa de los hechos materiales, ya que las licencias y el control municipal forman parte del contexto que permitió el funcionamiento de los locales sin las medidas adecuadas de seguridad.
La seguridad preventiva y la relevancia de la señal salida de emergencia
Este caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en espacios públicos y de ocio, especialmente en lo relativo a la prevención de emergencias y la señalización adecuada. La correcta instalación de una señal salida de emergencia, visible desde cualquier punto del establecimiento, es una de las exigencias más importantes contempladas en la normativa de seguridad vigente.
Estas señales deben ser fotoluminiscentes, estar en lugares estratégicos y mantenerse libres de obstáculos. Su función no es meramente estética o legal, sino vital: permiten guiar a las personas hacia una salida segura en situaciones de pánico, humo o cortes eléctricos. Lamentablemente, en muchos locales la falta de mantenimiento o el incumplimiento de la normativa sobre señalización puede tener consecuencias fatales.
La tragedia de Atalayas pone de manifiesto la necesidad de reforzar los controles municipales, asegurando que todos los establecimientos cumplan los estándares mínimos exigidos por la ley en materia de prevención y evacuación.
El papel del cartel salida de emergencia y la supervisión técnica
El cartel salida de emergencia es otro elemento esencial dentro de los planes de evacuación de cualquier recinto público. Su instalación debe cumplir con los parámetros establecidos por el Reglamento de Seguridad contra Incendios y el Código Técnico de la Edificación (CTE), garantizando una visibilidad adecuada incluso en condiciones adversas.
Sin embargo, las inspecciones periódicas que deberían verificar su correcto funcionamiento a menudo se realizan de forma deficiente o irregular, lo que compromete la seguridad de los usuarios. La tragedia de las discotecas murcianas ha puesto en evidencia fallas en la supervisión y mantenimiento de los sistemas de seguridad, incluyendo la señalización, extintores, salidas de emergencia y materiales ignífugos.
La ausencia de un control efectivo por parte del Ayuntamiento y la falta de coordinación entre los distintos organismos responsables de la seguridad han sido algunos de los puntos más criticados por los familiares de las víctimas, que exigen una revisión completa de los protocolos de inspección municipal.
Los sucesos de Atalayas: una herida abierta en Murcia
Los sucesos de Atalayas siguen generando conmoción y debate en toda la región. La pérdida de 13 vidas humanas dejó una marca indeleble en la sociedad murciana, que aún demanda responsabilidades claras y justicia efectiva.
El incendio, que arrasó las discotecas Teatre y Fonda Milagros en cuestión de minutos, puso a prueba la respuesta de los sistemas de emergencia y los protocolos de seguridad de los locales. Según las declaraciones de los peritos y testigos, las vías de evacuación no eran suficientes y algunas salidas estaban bloqueadas o mal señalizadas, lo que agravó el caos durante la evacuación.
Pese a estos hechos, el fallo judicial ha limitado la investigación al ámbito penal individual, sin extenderla al análisis de las irregularidades administrativas que podrían haber permitido el funcionamiento de los locales sin cumplir las exigencias de seguridad.
La postura de las víctimas y el camino hacia el Constitucional
Las familias de los fallecidos sostienen que no se puede hablar de justicia sin examinar todas las aristas del caso, incluyendo las decisiones municipales que permitieron la apertura de los establecimientos. Su objetivo con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional es obtener una revisión más amplia del caso, en la que se valore la posible responsabilidad institucional y se garantice una tutela judicial efectiva.
En su opinión, la Audiencia Provincial ha interpretado la ley de forma restrictiva, evitando abordar el fondo del problema: si hubo negligencia o permisividad por parte del Ayuntamiento de Murcia en la concesión de licencias o en el control de las medidas de seguridad.
El fallo, que se apoya en criterios puramente procesales, deja sin respuesta las preguntas más importantes para las familias: ¿por qué funcionaban los locales si no cumplían todas las normativas de seguridad? ¿Quién debía haber supervisado y no lo hizo?
Una cuestión de confianza y transparencia institucional
El caso Teatre no es solo un asunto judicial, sino un reflejo de cómo la falta de control administrativo y la lentitud procesal pueden socavar la confianza en las instituciones. Cada decisión judicial es observada con lupa por las familias, que sienten que la justicia se aleja de la verdad en favor de formalismos legales.
Los expertos en derecho administrativo y penal coinciden en que este caso puede marcar un precedente importante en la relación entre las responsabilidades políticas, administrativas y penales en tragedias derivadas de la gestión pública.
En última instancia, el Tribunal Constitucional deberá decidir si el derecho de las familias a una investigación completa y efectiva ha sido vulnerado, y si procede o no reabrir la vía administrativa para determinar responsabilidades más allá del ámbito penal.
Reforzar sistemas de prevención, inspección y control
El caso Teatre no sólo pone de relieve la necesidad de justicia para las víctimas, sino también la urgencia de reforzar los sistemas de prevención, inspección y control en los espacios públicos. La tragedia de Atalayas no puede repetirse, y para ello es imprescindible que las normas se cumplan y se supervisen con rigor.
Las familias continúan su lucha, no solo por el recuerdo de sus seres queridos, sino por garantizar que la seguridad ciudadana sea una prioridad real y no una formalidad en el papel.
