Vivir encima de un comercio que explotó en Calella: miedo, silencio administrativo y una seguridad que sigue en entredicho.
La noche del 22 de junio de 2022 quedó grabada en la memoria de una familia de Calella y de toda una comunidad de vecinos. Poco antes de las once, varias explosiones secas y repetidas rompieron la calma de una jornada que muchos asociaron, en un primer momento, a la celebración anticipada de San Juan. El estruendo, sin embargo, no provenía de petardos. El origen estaba justo debajo de sus viviendas, en un local comercial dedicado a la venta y reparación de bicicletas y patinetes eléctricos.
Una explosión que cambió la vida de todo un edificio
En cuestión de minutos, un denso humo negro comenzó a propagarse por el patio interior del edificio, colándose por ventanas, escaleras y conductos comunes. El olor era intenso, penetrante, y se percibía a varias manzanas a la redonda. Los vecinos, alertados por personas que se encontraban en terrazas cercanas, empezaron a tocar timbres para avisar a quienes dormían o descansaban en sus casas. La intervención de los bomberos, con cuatro dotaciones desplegadas, evitó un desenlace aún más grave, pero el miedo quedó instalado para siempre.
En el foco de la explosión se encontraba una batería que estaba siendo cargada en el interior del establecimiento. Este tipo de incidentes ha puesto sobre la mesa la importancia de contar con un extintor baterias litio adecuado, específico para este tipo de riesgos, ya que las baterías de litio generan fuegos difíciles de controlar y con una alta emisión de gases tóxicos.
Cuando el humo entra en casa, la seguridad deja de ser teórica
El incendio obligó al desalojo preventivo de 15 viviendas y dos personas tuvieron que ser atendidas por inhalación leve de humo, una de ellas trasladada al hospital por precaución. Para los residentes del primer piso, la sensación fue clara: si aquello hubiera ocurrido de madrugada, las consecuencias habrían sido irreversibles. El fuego no entiende de horarios ni de licencias administrativas.
En este contexto, cobra especial relevancia la existencia y correcto mantenimiento de un extintor litio, un elemento que no siempre está presente en locales donde se manipulan y cargan decenas de baterías a diario. La ausencia o inadecuación de estos sistemas de protección incrementa exponencialmente el peligro, especialmente cuando hay viviendas habitadas justo encima del foco de riesgo.
Una actividad de riesgo en un local con antecedentes estructurales
El establecimiento incendiado había sido, durante años, una tienda de souvenirs. Según relatan los vecinos, el cambio de actividad no vino acompañado de una renovación integral de la instalación eléctrica ni de una adaptación profunda del inmueble. Pasar de vender recuerdos a cargar múltiples baterías de litio simultáneamente supone un salto cualitativo en el nivel de riesgo, algo que debería haberse evaluado con extremo rigor.
Este tipo de situaciones ya forma parte de los sucesos urbanos que ponen en jaque la convivencia entre actividad económica y uso residencial, especialmente en municipios turísticos donde los locales comerciales conviven pared con pared con viviendas familiares.
La gran pregunta que sigue sin respuesta clara
Tras el incendio, lejos de disiparse, las dudas crecieron. Los vecinos comenzaron a preguntarse si el local cumplía realmente con todas las condiciones de seguridad exigidas por la normativa, si la licencia concedida era compatible con la actividad desarrollada y qué controles se habían realizado antes y después del siniestro.
Las solicitudes de información al Ayuntamiento de Calella se sucedieron durante meses. Instancias registradas, correos electrónicos y peticiones formales reclamaban documentación clara sobre inspecciones, informes técnicos y medidas correctoras. Sin embargo, las respuestas recibidas no lograron despejar las inquietudes de quienes siguen durmiendo cada noche sobre un punto potencialmente peligroso.
Versiones enfrentadas y un diálogo inexistente
Desde el consistorio se sostiene que hubo contactos informales entre técnicos municipales y vecinos afectados. No obstante, no existe constancia documental de reuniones, fechas ni conclusiones por escrito. Los residentes niegan que se produjera ningún encuentro real y, precisamente por esa falta de claridad, exigieron que toda comunicación se realizara por canales oficiales y verificables.
La ausencia de transparencia alimentó la sensación de indefensión. Cuando se trata de seguridad y de la integridad de las personas, los silencios administrativos pesan tanto como los hechos.
El local sigue abierto pese a las deficiencias detectadas
En enero de 2024, el Ayuntamiento notificó la apertura de expedientes para subsanar deficiencias detectadas en el local. Los informes municipales señalaban problemas de aislamiento, deficiencias acústicas y zonas sin un cerramiento adecuado, además de actuaciones pendientes para evitar la propagación del fuego.
Para los vecinos, estas notificaciones confirmaban lo que llevaban tiempo denunciando: el establecimiento no reunía las condiciones óptimas y, aun así, continuaba con su actividad. La convivencia diaria con esa realidad genera una tensión constante dentro de la comunidad.
Conflictos internos y responsabilidades cruzadas
La situación derivó en un conflicto abierto entre el inquilino del local y el propietario del inmueble. Las discusiones sobre quién debe asumir las responsabilidades, las posibles reclamaciones al seguro y las inversiones necesarias para adecuar el espacio han deteriorado la convivencia vecinal.
Mientras tanto, quienes viven encima del comercio siguen siendo los más expuestos. El recuerdo de tragedias ocurridas en otros países, donde incendios similares acabaron con decenas de vidas en cuestión de minutos, planea como una sombra constante sobre sus rutinas.
La intervención del Síndic de Greuges y un proceso lento
Ante la falta de respuestas concluyentes, el caso llegó al Síndic de Greuges de Catalunya. A través de este organismo, el Ayuntamiento trasladó información sobre las medidas de seguridad finalmente exigidas a la propiedad. Aun así, el proceso fue percibido como lento y poco accesible para los afectados.
La mediación institucional aportó datos, pero no logró restaurar la confianza perdida. Cuando se trata de seguridad, la percepción de riesgo es tan importante como las soluciones técnicas.
El impacto psicológico de vivir con miedo
Más allá de los informes y los expedientes, el conflicto ha tenido un impacto directo en la salud de los vecinos. La ansiedad, el insomnio y la hipervigilancia se han convertido en compañeros habituales. Cualquier ruido nocturno o un leve olor extraño activan las alarmas emocionales.
En las últimas semanas, incluso fue necesaria la intervención policial tras detectarse humo en la escalera, un episodio que reavivó el trauma vivido en 2022. Vivir así no es una exageración, es la consecuencia directa de una inseguridad percibida como no resuelta.
Una demanda clara: seguridad, documentación y garantías
Tras casi tres años de reclamaciones, la petición sigue siendo la misma: documentación clara, una revisión técnica concluyente y la garantía de que lo ocurrido no puede repetirse. No se trata de frenar la actividad económica, sino de asegurar que se desarrolla bajo estándares que protejan a todos.
La convivencia entre locales comerciales y viviendas exige un equilibrio basado en la prevención, la transparencia y el cumplimiento estricto de la normativa. Cuando ese equilibrio se rompe, el miedo se instala y la confianza desaparece.
